jueves, 25 de agosto de 2016

EL MOVIMIENTO OBRERO CUBANO Y LOS INMIGRANTES ANTILLANOS

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Cuando en 1902 se declaró por los norteamericanos la escamoteada independencia de Cuba, tras su ocupación militar de la isla en 1898, se había realizado ya todo un proceso por las  transnacionales azucareras norteamericanas de la adquisición de grandes territorios a bajísimos precios, o aplicando el desalojo, en especial en la parte oriental de la isla, donde era escasa la población.

Los Estados Unidos realizaron fuertes inversiones en la industria azucarera, en especial en la parte oriental del país, y sobre bases más ventajosas que las del siglo XIX, le abrieron sus mercados y originaron un acelerado desarrollo a este sector económico.

Los productores norteamericanos de azúcar y otros del patio presionaron a los gobiernos de turno para conseguir mano de obra barata y para ello acudieron a las islas cercanas de Haití y Jamaica, para reclutar desocupados a muy bajos salarios.

Un grupo de hacendados, incluso, organizó en 1911 la “Asociación de Fomento de la Inmigración”, cuyo objetivo principal era la importación de braceros haitianos y jamaicanos, a partir de 1912.
El presidente José Miguel Gómez (1909-1913) concedió a la compañía Nipe Bay Company el permiso de importar 1 000 braceros antillanos para el central Preston, en la provincia Santiago de Cuba. Así consta en el Decreto Presidencial número 23, del 14 de enero del 1913.

Con un  Decreto, de 23 de octubre de 1913, se autoriza la libre entrada de los braceros que habían trabajado en las recién terminadas obras del Canal de Panamá.
Los braceros fueron engañados con la promesa de que en Cuba se les pagaría a razón de un peso por cada cien arrobas de caña cortada y alzada.
Fueron reclutados, esencialmente, en la zona sudoccidental de Haití (Jeremie, Ocay, etcétera). Fueron entrados por los puertos de Santiago de Cuba, Banes, Nuevitas y otros puntos, y desplazados en ferrocarril y otros medios de transporte hacia el interior del país.
Creció considerablemente la inmigración de braceros como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, cuando Cuba se convirtió en el principal productor de azúcar para los países aliados y aumentó la demanda de mano de obra barata. El presidente Mario García Menocal aprobó el 3 de agosto de 1917 una nueva ley de inmigración para satisfacer esta situación.

La ocupación militar norteamericana de Haití entre 1915 y 1934 alentó esta inmigración de braceros hacia Cuba.
El haitiano se mantenía en constante movimiento migratorio desde las distintas zonas de los centrales hacia las mayores zonas cafetaleras de las provincias orientales en el llamado tiempo muerto.
Pero, al concluir la Primera Guerra Mundial, la cotización del azúcar en el mercado mundial subió en forma dramática una vez que se suprimió el control sobre su precio, dando lugar a un período de crecimiento exagerado de la producción azucarera, acompañado por especulaciones en todos los ramos.
Entonces, el número de inmigrantes creció: de 80,488 en 1919 a 174,221 en 1920,  de los cuales el 54% provenía de España, 21 % de Haití, 16% de Jamaica, y un 5% de China.

La actitud de los braceros haitianos presentó, en un principio, una cierta marginación respecto a las luchas obreras cubanas, originado, entre otros factores, por el régimen de trabajo bajo el cual habían sido contratados y el nivel de aislamiento que le provocaban el no dominio del idioma español.
Pero los trabajadores antillanos comenzaron a tomar conciencia progresivamente del tipo de explotación a que eran sometidos, iniciaron su integración en las organizaciones sindicales y terminaron vinculándose a las luchas de la clase obrera cubana para mostrar su descontento. Por eso, no fue extraño que el presidente Mario Menocal decretara en 1919 la expulsión de dirigentes sindicales de los haitianos.
Como mismo subió, el precio del azúcar empezó a caer a partir de la zafra de 1920. Ello trajo aparejado que se empezara a aplicar otra política  del gobierno de turno respecto a los inmigrantes.
En la medida en que se acercó la etapa de crisis económica mundial, los inmigrantes antillanos fueron rechazados por la oficialidad de turno.
En 1921 el presidente Alfredo Zayas firmó el Decreto 1404, con fecha 20 de junio, mediante el cual se exigía el reembarque inmediato de los braceros antillanos a sus respectivos países.
Los politiqueros tradicionales se plantearon en distintos momentos la repatriación de los trabajadores antillanos.
Al Congreso de la república fueron presentados diversos proyectos de leyes contra la inmigración, con el fin de limitarla o suspenderla. En ese año 1921 se debatió un proyecto de ley presentado por Cosme de la Torriente, que autorizaba al Ejecutivo a repatriar obreros antillanos. Sin embargo, estimulaba a la inmigración española, pues se pretendía blanquear la entrada de extranjeros por esta vía.
Pero pocos meses después, el 15 de diciembre del propio año, se decretaba que se mantenía en vigor la ley de 3 de agosto de 1917 que permitía la introducción de antillanos contratados hasta dos años después de terminada la guerra, y el 18 de mayo de 1922 se sancionó una ley mediante la cual se derogaba el instrumento legal del 3 de agosto de 1917, y se prohibía la inmigración de braceros a Cuba.
Así se mostraban las contradicciones que originaban los distintos intereses de los acaudalados nacionales y extranjeros norteamericanos de la industria azucarera.
En tanto se evidenció una enorme reducción en los inmigrantes que arribaron al país en 1922, esto cambió en 1923 y siguientes años.
En los años 1923-1924 fueron 87,509 los españoles entrados en Cuba; de Haití llegaron 32,101 y de Jamaica arribaron 10,930.
El brusco descenso del nivel de vida en el periodo 1917 a 1924 generó un fuerte movimiento huelguístico en el país.
Las contradicciones en la política migratoria continuaron. El 27 de junio de 1925 el gobierno de Alfredo Zayas  aprobó el Decreto número 1601, sobre la expulsión del país de extranjeros.
Las compañías azucareras no cumplían totalmente la suspensión de contratar a inmigrantes antillanos y se incrementó la existencia de inmigrantes ilegales en el país.

Y es esta situación a la que se refería el Tercer Congreso Nacional Obrero de agosto de 1925.

A partir de 1925 los braceros antillanos se hicieron representar en los congresos obreros de ese año por el dirigente sindical jamaicano Enrique Shakleton.
El Congreso en Camaguey acordó una moción de solidaridad, al igual que se pronunció por atraer hacia las organizaciones sindicales de la industria azucarera a los inmigrantes haitianos y jamaicanos.
Se aprobó un dictamen contra el decreto presidencial de 1925 motivado por las huelgas azucareras de 1924  en Oriente, Camaguey y Las Villas, en las cuales los braceros antillanos tuvieron una participación destacada. El decreto era relativo a la expulsión de “extranjeros perniciosos” y se denunció el intento de atemorizar a la inmigración de braceros con la deportación, dada la actitud combativa que se manifestaba en estos.
Rubén Martínez Villena denunció en esta época los pronunciamientos burgueses y pequeñoburgueses que pretendían aparecerse como defensores del proletariado cubano frente a la inmigración haitiana y jamaicana, y señaló la participación activa de los inmigrantes  en las luchas obreras en los centrales durante 1924.
Creció la desocupación y también la competencia por el trabajo entre cubanos e inmigrantes.

Se desarrollaron en el país diversas versiones sobre los inmigrantes antillanos y sus consecuencias sociales por lo cual la inmigración de braceros continuó disminuyendo después de 1925 al acercarse la crisis económica mundial.
El miedo en Cuba a un levantamiento negro era achacable más fácilmente a la población haitiana por la guerra de guerrilla contemporánea emprendida por las fuerzas de los cacos contra la ocupación americana en Haití (1915-1934).
A partir de 1928 el azúcar entró en una crisis de sobreproducción mundial y Cuba inicia las restricciones de sus zafras azucareras.
Bajo acuerdo con sus respectivos gobiernos, la administración cubana realizó la repatriación de 15 600 antillanos en 1928, la mayoría haitianos, 2 100 salieron por su propia voluntad.
La crisis económica capitalista mundial de 1929 agudizó esta situación.
Fueron implantados férreos controles sobre la población extranjera que arribaba y la residente en el país. A los antillanos, en especial, se les propinó un abusivo trato por parte de las autoridades.
En 1930 fue presentado un proyecto de Ley de Inmigración y Colonización mediante el cual se prohibía la entrada al país de antillanos y chinos, entre otros.
El movimiento obrero continuaba desarrollando sus acciones políticas para enfrentar la situación del país.
La CNOC convocó a la huelga general del 20 de marzo de 1930, dirigida por el líder comunista Rubén Martínez Villena desde su cargo como asesor legal,  en la lucha contra la tiranía del general Gerardo Machado Morales. Los antillanos, en especial los haitianos, participaron en 1931 y siguientes años en la efervescencia de estas luchas contra Machado.
A partir de esas grandes huelgas, el proletariado pasa a la ofensiva en toda la línea.
En las marchas y demostraciones de los obreros agrícolas en los bateyes de los centrales se encontró la presencia de los haitianos y jamaicanos, así como en las huelgas donde mostraron su combatividad y capacidad de lucha.
La represión es salvaje contra los obreros, principalmente con las matanzas en Jaronú y Senado y otros lugares.
En 1932 se paralizó prácticamente la entrada de inmigrantes con el arribo de 976 españoles, 16 haitianos y 60 jamaiquinos. Los haitianos fueron cazados como animales para su repatriación.
Se realiza una huelga general revolucionaria, el 12 de agosto de 1933, que depondría al tirano en ese propio mes.

Los trabajadores antillanos respondieron masivamente al llamado a la huelga general de 1933. La actitud inclaudicable de estos trabajadores dio pie, en noviembre de 1933, a una matanza de ellos en el central Senado, donde el ejército asesinó a 21 haitianos e hirió a otros 40.
Vendrían tres semanas de gobierno de Carlos M. Céspedes y, más adelante, el de Ramón Grau San Martín.

La crisis general del capitalismo de 1929 y su repercusión en la economía cubana durante los años 1930-1933 tanto el ámbito azucarero como en el resto de las esferas, provocó un alto nivel de desempleo que afectó a más de la mitad de la fuerza laboral del país.
En un llamado a los obreros, el doctor Antonio Guiteras Colmes publicaba en el periódico El País, el 16 de septiembre de 1933, lo siguiente:
“Dentro del régimen capitalista ningún gobierno ha estado tan
dispuesto a defender los intereses del obrero y del campesino,
como el actual Gobierno Revolucionario (…) Es necesario que el
obrero se de cuenta de la verdadera realidad en que vivimos; le
sería imposible a la masas apoderarse de los poderes; y en
lugar de enfrentarse con este gobierno revolucionario, debían
colaborar junto a él, para obtener las reivindicaciones
inmediatas y necesarias a la clase obrera”

El 19 de octubre de 1933 el Gobierno decreta la repatriación obligatoria de todos los extranjeros desocupados y sin recursos, lo cual afectó, principalmente, a los inmigrantes españoles.
Poco después, el 8 de noviembre, promulgó otro decreto-ley de nacionalización del trabajo, fijando que debían ser cubanos nativos la mitad de todo el personal de las empresas industriales, comerciales y agrícolas que operaban en el país, exceptuando los técnicos y gerentes que no fueran factibles de reemplazo.
La llamada “ley del 50%” provocó reacciones favorables entre la población cubana, que veían un vía de escape a la situación de desempleo imperante.
Pero el partido comunista denunció lo que tal política traía consigo: la búsqueda por el gobierno y los empresarios capitalista de una salida a costa de los obreros.
Así lo declaró el Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera (SNOIA) y las demás organizaciones de orientación comunista, en aras del internacionalismo proletario, las que se opusieron a la expulsión o repatriación de los obreros inmigrantes.
Se desató una feroz represión contra los inmigrantes. Los haitianos eran cazados como animales por la guardia rural. Entre noviembre de 1933 y junio de 1934 fueron expulsados cerca de 8 000 haitianos.
El propio Guiteras, desde su cargo como secretario de gobernación y guerra, autorizó el 6 de enero de 1934 la celebración del IV Congreso Nacional Obrero de la CNOC.
En sus documentos preparatorios de su IV Congreso, la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC) se defendía también a los trabajadores inmigrantes y se esclarecía por qué esa llamada ley del 50% era en detrimento no solo de los foráneos, sino de los propios trabajadores cubano, ocupados o desocupados.
La lucha obrera era contra los terratenientes, la burguesía  y el imperialismo y todos sus seguidores.
Del 12 al 16 de enero de 1934 la CNOC realizó esta reunión, denominada de Unidad Sindical. En él se denunció la táctica empleada por los enemigos de la clase obrera de incentivar el odio entre los trabajadores cubanos, blancos y negros, contra los extranjeros y, especialmente, los antillanos, enarbolando los mismos argumentos que cuando querían crear odios entre blancos y negros.
Sin embargo, el movimiento obrero organizado no distinguió la manera distinta de actuación dentro del gobierno del doctor Guiteras, de nacionalismo revolucionario y en evolución hacia posiciones ideológicas más radicales, de las que tenía Ramón Grau San Martín, de nacionalismo reformista este último, y se opuso a todo el equipo gobernante.
De tal manera, los esfuerzos revolucionarios de Guiteras dentro del gobierno no contaron con la comprensión, anuencia y aceptación plena entre el movimiento obrero organizado, no produciéndose la necesaria unidad de las fuerzas progresistas del momento para oponerse a los integrantes de la reacción.
La conspiración y golpe militar contrarrevolucionario proimperialista civil y militar del 15 de enero del 1934 instauró el gobierno Batista-Mendieta y marcó un nuevo derrotero de lucha popular que desembocó en la huelga general revolucionaria de marzo de 1935, salvajemente reprimida y dispersados los dirigentes sindicales de la CNOC.


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