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Cuando en 1902 se declaró por los norteamericanos la
escamoteada independencia de Cuba, tras su ocupación militar de la isla en
1898, se había realizado ya todo un proceso por las transnacionales azucareras norteamericanas de
la adquisición de grandes territorios a bajísimos precios,
o aplicando el desalojo, en especial en la parte oriental de la isla, donde era
escasa la población.
Los Estados Unidos realizaron fuertes inversiones en
la industria azucarera, en especial en la parte oriental del país, y sobre
bases más ventajosas que las del siglo XIX, le abrieron sus mercados y
originaron un acelerado desarrollo a este sector económico.
Los productores norteamericanos de azúcar y otros del
patio presionaron a los gobiernos de turno para conseguir mano de obra barata y
para ello acudieron a las islas cercanas de Haití y Jamaica, para reclutar
desocupados a muy bajos salarios.
Un grupo de hacendados, incluso, organizó en
1911 la “Asociación de Fomento de la Inmigración”, cuyo objetivo principal era
la importación de braceros haitianos y jamaicanos, a partir de 1912.
El
presidente José Miguel Gómez (1909-1913) concedió a la compañía Nipe Bay
Company el permiso de importar 1 000 braceros antillanos para el central
Preston, en la provincia Santiago de Cuba. Así consta en el Decreto
Presidencial número 23, del 14 de enero del 1913.
Con un
Decreto, de 23 de
octubre de 1913, se autoriza la libre entrada de los braceros que habían
trabajado en las recién terminadas obras del Canal de Panamá.
Los braceros fueron
engañados con la promesa de que en Cuba se les pagaría a razón de un peso por
cada cien arrobas de caña cortada y alzada.
Fueron reclutados,
esencialmente, en la zona sudoccidental de Haití (Jeremie, Ocay, etcétera).
Fueron entrados por los puertos de Santiago de Cuba, Banes, Nuevitas y otros
puntos, y desplazados en ferrocarril y otros medios de transporte hacia el
interior del país.
Creció considerablemente la inmigración de braceros
como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, cuando Cuba se convirtió en el
principal productor de azúcar para los países aliados y aumentó la demanda de
mano de obra barata. El presidente Mario García Menocal aprobó el 3 de agosto
de 1917 una nueva ley de inmigración para satisfacer esta situación.
La ocupación militar
norteamericana de Haití entre 1915 y 1934 alentó esta inmigración de braceros
hacia Cuba.
El haitiano se mantenía
en constante movimiento migratorio desde las distintas zonas de los centrales
hacia las mayores zonas cafetaleras de las provincias orientales en el llamado
tiempo muerto.
Pero, al concluir la Primera Guerra Mundial,
la cotización del azúcar en el mercado mundial subió en forma dramática una vez
que se suprimió el control sobre su precio, dando lugar a un período de
crecimiento exagerado de la producción azucarera, acompañado por especulaciones
en todos los ramos.
Entonces, el número de inmigrantes creció: de 80,488
en 1919 a 174,221 en 1920, de los cuales
el 54% provenía de España, 21 % de Haití, 16% de Jamaica, y un 5% de China.
La actitud de los
braceros haitianos presentó, en un principio, una cierta marginación respecto a
las luchas obreras cubanas, originado, entre otros factores, por el régimen de
trabajo bajo el cual habían sido contratados y el nivel de aislamiento que le
provocaban el no dominio del idioma español.
Pero los trabajadores
antillanos comenzaron a tomar conciencia progresivamente del tipo de
explotación a que eran sometidos, iniciaron su integración en las
organizaciones sindicales y terminaron vinculándose a las luchas de la clase
obrera cubana para mostrar su descontento. Por eso, no fue extraño que el
presidente Mario Menocal decretara en 1919 la expulsión de dirigentes
sindicales de los haitianos.
Como mismo subió, el
precio del azúcar empezó a caer a partir de la zafra de 1920. Ello trajo
aparejado que se empezara a aplicar otra política del gobierno de turno respecto a los
inmigrantes.
En la medida en que se
acercó la etapa de crisis económica mundial, los inmigrantes antillanos fueron rechazados
por la oficialidad de turno.
En 1921 el presidente
Alfredo Zayas firmó el Decreto 1404, con fecha 20 de junio, mediante el cual se
exigía el reembarque inmediato de los braceros antillanos a sus respectivos
países.
Los politiqueros
tradicionales se plantearon en distintos momentos la repatriación de los
trabajadores antillanos.
Al Congreso de la
república fueron presentados diversos proyectos de leyes contra la inmigración,
con el fin de limitarla o suspenderla. En ese año 1921 se debatió un proyecto
de ley presentado por Cosme de la Torriente, que autorizaba al Ejecutivo a
repatriar obreros antillanos. Sin embargo, estimulaba a la inmigración
española, pues se pretendía blanquear la entrada de extranjeros por esta vía.
Pero pocos meses
después, el 15 de diciembre del propio año, se decretaba que se mantenía en
vigor la ley de 3 de agosto de 1917 que permitía la introducción de antillanos
contratados hasta dos años después de terminada la guerra, y el 18 de mayo de
1922 se sancionó una ley mediante la cual se derogaba el instrumento legal del
3 de agosto de 1917, y se prohibía la inmigración de braceros a Cuba.
Así se mostraban las
contradicciones que originaban los distintos intereses de los acaudalados
nacionales y extranjeros norteamericanos de la industria azucarera.
En tanto se evidenció
una enorme reducción en los inmigrantes que arribaron al país en 1922, esto
cambió en 1923 y siguientes años.
En los años 1923-1924 fueron 87,509 los
españoles entrados en Cuba; de Haití llegaron 32,101 y de Jamaica arribaron
10,930.
El brusco descenso del
nivel de vida en el periodo 1917 a 1924 generó un fuerte movimiento
huelguístico en el país.
Las contradicciones en
la política migratoria continuaron. El 27 de junio de 1925 el gobierno de
Alfredo Zayas aprobó el Decreto número
1601, sobre la expulsión del país de extranjeros.
Las compañías azucareras no cumplían totalmente la
suspensión de contratar a inmigrantes antillanos y se incrementó la existencia
de inmigrantes ilegales en el país.
Y es esta situación a la que se refería el Tercer
Congreso Nacional Obrero de agosto de 1925.
A partir de 1925 los
braceros antillanos se hicieron representar en los congresos obreros de ese año
por el dirigente sindical jamaicano Enrique Shakleton.
El Congreso en Camaguey
acordó una moción de solidaridad, al igual que se pronunció por atraer hacia
las organizaciones sindicales de la industria azucarera a los inmigrantes
haitianos y jamaicanos.
Se aprobó un dictamen
contra el decreto presidencial de 1925 motivado por las huelgas azucareras de
1924 en Oriente, Camaguey y Las Villas,
en las cuales los braceros antillanos tuvieron una participación destacada. El
decreto era relativo a la expulsión de “extranjeros perniciosos” y se denunció
el intento de atemorizar a la inmigración de braceros con la deportación, dada
la actitud combativa que se manifestaba en estos.
Rubén Martínez Villena
denunció en esta época los pronunciamientos burgueses y pequeñoburgueses que
pretendían aparecerse como defensores del proletariado cubano frente a la
inmigración haitiana y jamaicana, y señaló la participación activa de los
inmigrantes en las luchas obreras en los
centrales durante 1924.
Creció la desocupación y también la competencia por el
trabajo entre cubanos e inmigrantes.
Se desarrollaron en el
país diversas versiones sobre los inmigrantes antillanos y sus consecuencias
sociales por lo cual la inmigración de braceros continuó
disminuyendo después de 1925 al acercarse la crisis económica mundial.
El miedo en Cuba a un levantamiento negro era
achacable más fácilmente a la población haitiana por la guerra de guerrilla
contemporánea emprendida por las fuerzas de los cacos contra la ocupación
americana en Haití (1915-1934).
A partir de 1928 el
azúcar entró en una crisis de sobreproducción mundial y Cuba inicia las
restricciones de sus zafras azucareras.
Bajo acuerdo con sus
respectivos gobiernos, la administración cubana realizó la repatriación de 15
600 antillanos en 1928, la mayoría haitianos, 2 100 salieron por su propia
voluntad.
La crisis económica
capitalista mundial de 1929 agudizó esta situación.
Fueron implantados
férreos controles sobre la población extranjera que arribaba y la residente en
el país. A los antillanos, en especial, se les propinó un abusivo trato por
parte de las autoridades.
En 1930 fue presentado
un proyecto de Ley de Inmigración y Colonización mediante el cual se prohibía
la entrada al país de antillanos y chinos, entre otros.
El
movimiento obrero continuaba desarrollando sus acciones políticas para
enfrentar la situación del país.
La CNOC
convocó a la huelga general del 20 de marzo de 1930, dirigida por el líder
comunista Rubén Martínez Villena desde su cargo como asesor legal, en la lucha contra la tiranía del general
Gerardo Machado Morales. Los antillanos, en
especial los haitianos, participaron en 1931 y siguientes años en la
efervescencia de estas luchas contra Machado.
A partir de esas grandes
huelgas, el proletariado pasa a la ofensiva en toda la línea.
En las marchas y
demostraciones de los obreros agrícolas en los bateyes de los centrales se
encontró la presencia de los haitianos y jamaicanos, así como en las huelgas
donde mostraron su combatividad y capacidad de lucha.
La represión es salvaje
contra los obreros, principalmente con las matanzas en Jaronú y Senado y otros
lugares.
En 1932 se paralizó prácticamente la entrada
de inmigrantes con el arribo de 976 españoles, 16 haitianos y 60 jamaiquinos. Los haitianos fueron cazados como animales para su
repatriación.
Se realiza una huelga general revolucionaria, el 12 de
agosto de 1933, que depondría al tirano en ese propio mes.
Los trabajadores
antillanos respondieron masivamente al llamado a la huelga general de 1933. La
actitud inclaudicable de estos trabajadores dio pie, en noviembre de 1933, a
una matanza de ellos en el central Senado, donde el ejército asesinó a 21
haitianos e hirió a otros 40.
Vendrían tres semanas de gobierno de Carlos M.
Céspedes y, más adelante, el de Ramón Grau San Martín.
La crisis general del
capitalismo de 1929 y su repercusión en la economía cubana durante los años
1930-1933 tanto el ámbito azucarero como en el resto de las esferas, provocó un
alto nivel de desempleo que afectó a más de la mitad de la fuerza laboral del
país.
En un llamado a los
obreros, el doctor Antonio Guiteras Colmes publicaba en el periódico El País,
el 16 de septiembre de 1933, lo siguiente:
“Dentro del régimen capitalista
ningún gobierno ha estado tan
dispuesto a defender los intereses
del obrero y del campesino,
como el actual Gobierno
Revolucionario (…) Es necesario que el
obrero se de cuenta de la verdadera
realidad en que vivimos; le
sería imposible a la masas
apoderarse de los poderes; y en
lugar de enfrentarse con este
gobierno revolucionario, debían
colaborar junto a él, para obtener
las reivindicaciones
inmediatas y necesarias a la clase
obrera”
El 19 de octubre de 1933
el Gobierno decreta la repatriación obligatoria de todos los extranjeros
desocupados y sin recursos, lo cual afectó, principalmente, a los inmigrantes
españoles.
Poco después, el 8 de
noviembre, promulgó otro decreto-ley de nacionalización del trabajo, fijando
que debían ser cubanos nativos la mitad de todo el personal de las empresas
industriales, comerciales y agrícolas que operaban en el país, exceptuando los
técnicos y gerentes que no fueran factibles de reemplazo.
La llamada “ley del 50%”
provocó reacciones favorables entre la población cubana, que veían un vía de
escape a la situación de desempleo imperante.
Pero el partido
comunista denunció lo que tal política traía consigo: la búsqueda por el
gobierno y los empresarios capitalista de una salida a costa de los obreros.
Así lo declaró el
Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera (SNOIA) y las demás
organizaciones de orientación comunista, en aras del internacionalismo
proletario, las que se opusieron a la expulsión o repatriación de los obreros
inmigrantes.
Se desató
una feroz represión contra los inmigrantes. Los haitianos eran cazados como
animales por la guardia rural. Entre
noviembre de 1933 y junio de 1934 fueron expulsados cerca de 8 000 haitianos.
El propio
Guiteras, desde su cargo como secretario de gobernación y guerra, autorizó el 6
de enero de 1934 la celebración del IV Congreso Nacional Obrero de la CNOC.
En sus documentos
preparatorios de su IV Congreso, la Confederación Nacional Obrera de Cuba
(CNOC) se defendía también a los trabajadores inmigrantes y se esclarecía por
qué esa llamada ley del 50% era en detrimento no solo de los foráneos, sino de
los propios trabajadores cubano, ocupados o desocupados.
La lucha obrera era
contra los terratenientes, la burguesía
y el imperialismo y todos sus seguidores.
Del 12 al 16
de enero de 1934 la CNOC realizó esta reunión, denominada de Unidad Sindical.
En él se denunció la táctica
empleada por los enemigos de la clase obrera de incentivar el odio entre los
trabajadores cubanos, blancos y negros, contra los extranjeros y,
especialmente, los antillanos, enarbolando los mismos argumentos que cuando
querían crear odios entre blancos y negros.
Sin embargo, el movimiento
obrero organizado no distinguió la manera distinta de actuación dentro del
gobierno del doctor Guiteras, de nacionalismo revolucionario y en evolución
hacia posiciones ideológicas más radicales, de las que tenía Ramón Grau San
Martín, de nacionalismo reformista este último, y se opuso a todo el equipo
gobernante.
De tal manera, los
esfuerzos revolucionarios de Guiteras dentro del gobierno no contaron con la
comprensión, anuencia y aceptación plena entre el movimiento obrero organizado,
no produciéndose la necesaria unidad de las fuerzas progresistas del momento
para oponerse a los integrantes de la reacción.
La conspiración y golpe militar contrarrevolucionario
proimperialista civil y militar del 15 de enero del 1934 instauró el gobierno
Batista-Mendieta y marcó un nuevo derrotero de lucha popular que desembocó en
la huelga general revolucionaria de marzo de 1935, salvajemente reprimida y
dispersados los dirigentes sindicales de la CNOC.
